Fabián García
Mackentor tenía más de 400 empleados. Su presidente, Natalio Kejner, impulsaba una burguesía nacional. En 1977, Mackentor debía construir el Acueducto Villa María–San Francisco, pero Luciano Benjamín Menéndez acusó a sus directivos de financiar a la organización Montoneros. Ordenó la intervención militar de la empresa y el secuestro de 27 personas entre empleados, accionistas y abogados. Muchos permanecieron en La Perla y Campo de la Ribera hasta 1981; cuatro continúan desaparecidos. Kejner se exilió en Venezuela.
El trabajo sucio lo completó la Justicia: el juez Zambino Ledesma ordenó la intervención. Parte de las acciones, la principal obra y la fábrica de caños de la empresa pasaron a manos de su competidor, Supercemento, cuyos accionistas eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni.
Supercemento controlaba casi de forma monopólica las obras de infraestructura para agua potable en los años 60, 70 y 80. Hoy sigue activa, con grandes emprendimientos inmobiliarios como Nordelta. La investigación también revela el rol del poder judicial, que en lugar de brindar justicia a las víctimas, las persiguió durante casi medio siglo.
Fue un caso paradigmático de corrupción, terrorismo de Estado y persecución judicial, que se extendió desde 1977 hasta 2025: 48 años de impunidad. En julio pasado, el TOF N°1 de Córdoba resolvió que Mackentor fue usurpada por los militares y que la intervención judicial estuvo “vinculada” con un crimen de lesa humanidad.
